 La forma de informarnos ha evolucionado mucho desde la lectura del periódico de papel acompañando un café matinal, sobre todo con la llegada de las nuevas tecnologías, los mass media y los dispositivos móviles con conexión a Internet.
Hoy en día, recibimos cantidades ingentes de información de forma continua y desde primera hora de la mañana a través de los más diversos medios: paneles informativos, móviles, radios, televisores, etc.
Desafortunadamente, no toda esa información recibida es positiva, lo que mina poco a poco la moral del receptor a medida que va pasando el día. Basta escuchar las noticias de cualquier emisora de radio por la mañana para darnos cuenta de la cantidad de datos y terminología que nos vemos obligados a asimilar en poco tiempo: prima de riesgo, inflación, déficit, previsiones de crecimiento, agencias de rating, datos de consumo, balanzas comerciales ...
La principal consecuencia de todo esto es que hasta el tendero de tu barrio parece haber realizado un máster en economía, pero hay otra consecuencia que cada día se hace más evidente y esa es el miedo. El miedo a lo desconocido es una reacción natural del ser humano, y por mucho que nos permitamos hablar sobre el papel de Moody's o la evolución de Wall Street, la mayoría no somos expertos en economía internacional. Basta escuchar las opiniones a pie de calle (o los comentarios a las noticias de Internet) para darnos cuenta que nuestro desconocimiento nos impide adoptar posiciones propias, alejadas de la opinión de algún tertuliano o periodista que hayamos escuchado hace poco.
Ha habido un cambio en los últimos años que se puede comprobar perfectamente, y es la importancia del bloque de economía en los informativos de las principales televisiones. Todos hemos podido ver cómo poco a poco la economía ha ido ganando terreno frente al resto de secciones, hasta el punto de que raro es el día que los informativos no abren con el valor de la famosa prima de riesgo o las bajadas del Ibex-35. También debe destacarse el carácter catastrófico que se aplica a todas las noticias negativas, en contrapunto a la moderación con las que se dan las pocas noticias positivas.
No sé si este cambio responderá a los nuevos tiempos o a estrategias previamente orquestadas, pero está claro que una sociedad con miedo es una sociedad fácil de manipular. La felicidad suele definirse como la ausencia del miedo, y no se vosotros, pero a mí cada día me cuesta más encontrar caras de felicidad en la calle.
Elecciones generales de 2008. El PSOE ofrece una campaña electoral bajo eslóganes como "Por el pleno empleo" y ofreciendo una imagen de total normalidad, negando la evidente crisis que se avecinaba y tomando medidas como la deducción fiscal de 400 euros para cualquier contribuyente, independientemente de su renta. Elecciones generales de 2011. El PP ofrece una campaña electoral bajo el eslogan "Súmate al cambio". El contenido de su campaña se basa en la recuperación de la confianza de los mercados, negando en más de una ocasión la necesidad de tomar reformas que aumenten los impuestos o introduzcan el co-pago sanitario. En ambas ocasiones, estos dos partidos obtuvieron mayoría en las urnas. Es fácil comprobar, a toro pasado, cómo las mentiras auparon tanto al PSOE en 2008 como al PP al 2011 al poder. Sin embargo, sería interesante plantearse cuántos votantes de estos partidos sabían en su momento que optaban por un candidato que le mentía sin pudor ninguno. Dudo mucho que en 2008, no hubiera ningún votante socialista que leyera la prensa internacional o que estuviera al tanto de la marcha de la economía. De forma similar, me cuesta creer que los votantes de Rajoy desconociesen que sería necesario subir impuestos y/o recortar todas las partidas presupuestarias para cumplir con el 3% de déficit sin un cambio de modelo económico, Este hecho me preocupa bastante y creo que como a mi, a muchos ciudadanos, Hemos dado por bueno aquello que nunca debimos pasar por apto, aceptando las mentiras como una más de las artimañas electorales. Hemos relajado el grado de exigencia al que sometemos a nuestros candidatos y estamos pagando un gran precio por tan desacertada decisión. Todo esto está contribuyendo al descontento social, desgastando día a día la maltrecha imagen de la política en España y lanzando a parte de la ciudadanía hacia la falta de confianza en la política. El resultado en España ha sido un aumento considerable de la abstención y el nacimiento de iniciativas ciudadanas como la encabezadas por el 15-M. Sin embargo, el descontento ciudadano por la política en otros países de Europa ha dado alas a formaciones extremistas, como el ascenso de Marine Le Pen en las elecciones francesas del 22 de Abril. Los líderes extremistas ofrecen una alternativa que los políticos tradicionales se muestran incapaces de aportar, y esa es la de utilizar mensajes directos y concretos de los que están plenamente convencidos. A través de mensajes populistas y muchas veces vehementes, líderes como Geert Wilders en Holanda señalan claramente y sin eufemismos aquellos elementos que para ellos representan una amenaza. Cuando han llegado al poder, han mostrado que lo suyo no era un farol y han cumplido las expectativas de sus votantes, aumentando su peligrosa credibilidad y destrozando un poco más la del resto de políticos. Parte de la recuperación de la credibilidad política está en manos de los votantes, que deben exigir más a los candidatos y castigar aquellos comportamientos que no aceptarían fuera de la política. Desgraciadamente, los políticos son comerciales de votos y no cambiarán su estrategia mientras siga dándoles resultado. Espero que esto ocurra, dado que mientras los partidos moderados no ofrezcan algo por lo que luchar, los partidos extremistas siempre ofrecerán algo contra lo que luchar.
España tiene la extraña manía de recompensar siempre los malos actos y la última ley de amnistía fiscal no es sino una más de las recompensas a las que nos tiene acostumbrados. Uno tiene la sensación de que actuar como buen ciudadano tiene pocas recompensas más allá de la satisfacción personal. Tiene esa sensación al darse cuenta que los alumnos becados no siempre son los que menos recursos tienen (pero gracias a las ingeniosas tareas de ingeniería fiscal de sus progenitores lo aparentan de cara a Hacienda), o cuando ve ciertos destinatarios finales de viviendas de protección oficial. También pudo sentirse frustrado cualquier universitario andaluz en paro a mediados de 2011. En ese año pudo comprobar cómo, tras esforzarse en la obtención de su título, la administración recompensó a aquellos jóvenes que abandonaron sus estudios con una paga de 400 euros mensuales. Estos jóvenes abandonaron sus estudios, en muchos casos, atraídos por los altos sueldos que ofrecía la construcción en su momento. Optaron por el beneficio a corto plazo y obtuvieron su recompensa por parte del gobierno andaluz, mientras que el esfuerzo realizado por los universitarios en paro no recibió la más mínima atención (ni la sigue recibiendo). El mundo de las finanzas tampoco se libra de este trato preferente. Actualmente, el gobierno respalda hasta 100.000 euros de cualquier depósito realizado en un banco, independientemente del tipo de banca realizada. Da igual que el banco dedique el dinero de los depósitos a préstamos (lo que ayuda al desarrollo industrial), que realice inversiones especulativas o que lo utilice para dar créditos a políticos con un alto riesgo de impago. Todos los depósitos reciben el mismo respaldo. El último episodio le tendríamos con la nueva ley que criminaliza la resistencia pasiva en las manifestaciones, otorgándole el grado de delito contra la autoridad. Puedes haber estado provocado altercados durante más de 10 años, quemando contenedores y generando un gasto público brutal y lo más normal es que, fuera del País Vasco, no te haya pasado nada. Veremos el resultado de aplicar la ley actual ante los numerosos intentos de detener desahucios o durante la manifestación del movimiento Democracia Real Ya planeada para el próximo 12 de Mayo. Son muchas y preocupantes las lecturas que cualquier ciudadano puede realizar viendo todo esto. Es más rentable ocultar mis ingresos y reconocerlos en la siguiente amnistía fiscal que pagar religiosamente, año tras año mis impuestos, lo que además ayudará a recibir ayudas por parte del estado. Por otra parte, debo optar siempre por la solución a corto plazo que más me beneficie, independientemente de las consecuencias que pueda tener, ya que el estado estará ahí para recompensarme si no sale bien. Para terminar, no debo reprimir los impulsos que me lleven a realizar actos vandálicos durante una protesta, ya que tendrán un tratamiento legal similar al uso de la resistencia pasiva. Esta última lectura puede ser la más peligrosa, ya que desaparece prácticamente la diferencia entre protestar de forma pacífica o hacerlo de forma violenta. Ello puede hacer que aumente la agresividad de las futuras manifestaciones, las cuales perderían la simpatía de una parte importante de la sociedad (aquella que no se manifiesta pero apoya estos movimientos), aunque quizá sea ese el verdadero objetivo de la nueva ley.
El movimiento sindical surgió en Europa a mediados del siglo XIX. Según la constitución Española, su objetivo es "defender los intereses de los trabajadores", aunque este objetivo está en entredicho según muchos temas de debate actuales. Los sindicatos han evolucionado desde una confrontación directa con el gobierno de turno hasta posiciones más colaboradoras, sobre todo en el caso de los dos sindicatos mayoritarios actuales CCOO y UGT. Este acercamiento genera recelos en parte de la sociedad, que identifica sus acciones como orientadas únicamente a mantener su subsistencia (dada su financiación por parte del estado). También son numerosas las acusaciones de posicionarse como escuderos de partidos como PSOE o IU, en base a la respuesta que tienen por parte de los sindicatos las decisiones tomadas por gobiernos de distinto color. Las críticas han sido justificadas (sin reflexión) por los sindicatos como parte de una campaña de acoso por parte de los medios de derecha, pero la realidad es que España cuenta con unas de las tasas más bajas de afiliación sindical de Europa (sólo el 15% de los trabajadores). Tampoco se han responsabilizado de su parte de culpa como gestores de las cajas de ahorro, de las que formaban parte en sus consejos de administración. Esta falta de reflexión interna es similar a la que nos tienen acostumbrados las formaciones políticas. La huelga es una de las herramientas de las que disponen los trabajadores para la defensa de sus intereses económicos y sociales, aunque sus consecuencias afectan al conjunto de la sociedad cuando son huelgas generales. Al igual que los sindicatos, nacieron con un marcado carácter revolucionario y de confrontación, para ir evolucionando hasta las huelgas actuales, mucho menos agresivas. El objetivo de las huelgas generales durante la democracia ha sido mostrar el rechazo ante leyes o propuestas que afectaban directamente a aspectos laborales. Este tipo de huelgas solamente han podido ser convocadas legalmente por los sindicatos mayoritarios, y la pérdida de su carácter revolucionario plantea numerosos debates cuando son convocadas: ¿Debe un 15% de la población tener legitimidad para paralizar un país? ¿Se han convertido en estrategias políticas para favorecer a ciertos partidos políticos? ¿Está el derecho a huelga lo suficientemente defendido en las empresas?. Puede que en los próximos meses veamos nuevas huelgas y seguramente se plantee la posibilidad de ofrecer un carácter más agresivo en las mismas. La aceptación de estos planteamientos dependerá de si la ciudadanía considera que el mundo de la política (y los derechos) ha retrocedido lo suficiente como para ofrecer respuestas de hace 150 años. También puede que se planteen nuevas formas de protesta que no dependan de los sindicatos, como la huelga de consumo planteada por Democracia Real Ya. El éxito de este tipo de convocatorias en detrimento de las huelgas generales plantearía un nuevo escenario, donde la regeneración política alcanzaría a la escena sindical. Este cambio negaría a los sindicatos su papel como defensores de los trabajadores, lo que haría necesario modificar su definición actual.
Es la noche del domingo del 25 de Marzo y los resultados casi definitivos confirman que el PSOE en Andalucía tiene la posibilidad de seguir gobernando si logra el apoyo de IU. Los numerosos casos de fraude, corrupción y un 28.35% de paro no han pasado la suficiente factura como para que el PP lograse la mayoría absoluta.
En Mayo del año pasado, el PP valenciano ganó las elecciones por mayoría absoluta a pesar de presentar como candidato a un imputado por corrupción (aunque que luego fue absuelto) en una comunidad marcada por los escándalos políticos (ciudad de las artes, aeropuerto Castellón o el caso Brugal). El paro rondaba el 23.65%.
Estos dos ejemplos muestran la falta de responsabilidad política que tienen los votantes en España, donde la arrogancia (u otras causas) evita rectificar muchas de nuestras decisiones políticas.
En el caso de los políticos, la cosa empeora bastante. En una época donde la clase política se posiciona como una de las mayores preocupaciones de la gente, las dimisiones o admisión de errores brillan por su ausencia.
Siempre es más fácil echar las culpas a otro que asumir la responsabilidad. El votante del PSOE andaluz dirá que votó para evitar que mandase la derecha. El votante del PP valenciano esgrimiría argumentos similares, justificando su elección con la calidad de las alternativas. En el caso del PSOE nacional el 20N, fue más fácil achacar su resultado a la crisis internacional que realizar una crítica interna (y apartar a los responsables del fiasco).
Esta falta de autocrítica también se traslada a la sociedad en general. Debido a la crisis, los gastos o falta de ingresos están en el punto de mira y todos nos permitimos echarle parte de la culpa de la situación actual a otro:
Los funcionarios se quejan de los autónomos porque emiten facturas sin I.V.A.
Los educadores critican a los médicos por el coste de las guardias y la apertura interesada de quirófanos por la tarde.
Los empresarios culpan a los funcionarios de la pérdida de competitividad del país.
El gobernador del Banco de España se queja de que los trabajadores cobran mucho y trabajan poco.
Los parados culpan al empresario por ofrecer una condiciones de trabajo denigrantes.
Los médicos culpan al Banco de España por permitir las remuneraciones de los directivos de cajas intervenidas,
Los autónomos culpan a los parados por no querer trabajar.
Los trabajadores se quejan de los educadores por no aceptar una jornada laboral de similar a la suya.
Podríamos seguir así unas cuantas líneas, pero mientras nos echemos las culpas entre nosotros y evitemos cuestionarnos cómo hemos contribuido para llegar a la situación actual, nada cambiará.
Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos de pequeños es el de responder a la pregunta ¿qué quieres ser de mayor?. Esta respuesta marca la parte final de nuestra infancia y la entrada en la madurez, cuando comenzamos a plantearnos qué es necesario realizar para acabar siendo bombero, médico, periodista, astronauta o veterinario. También es posible que desechemos nuestros sueños o que, tras un vistazo a las cifras de paro, cambiemos nuestras preferencias en aras de alguna profesión con alta demanda de empleo. La mayoría de profesiones tienen claramente definido el proceso necesario para ejercerlas: unos cuantos años de estudio, un periodo de especialización o acreditación adicional y pasar una pruebas de selección. Sin embargo, hay una profesión (junto la de rey) cuyo proceso rompe todas las normas, y esa es la de político. Son muchas las personas que se han preguntado alguna vez qué es lo que hace falta para ser político; y son muchas más las que piensan que cualquier persona de la calle lo haría mejor que los actuales políticos. Para saber más sobre la preparación de nuestros políticos (y tirando de wikipedia), muestro al final de esta entrada la preparación y empleo anterior de los principales líderes políticos de los últimos 4 años.De los 8 políticos que muestro, aparece un doctor (Rubalcaba), 4 licenciados en derecho (Rajoy, Cospedal, Soraya Sáez y Zapatero) y 3 políticos sin titulación universitaria (Cayo Lara, Rosa Díez y Pepe Blanco). 5 de los 8 políticos sólo han trabajado previamente como funcionarios (a distintas escalas). Zapatero trabajó como profesor ayudante en la Universidad mientras que Cayo Lara se dedicaba a la agricultura antes de entrar en política. A José Blanco no se le conoce profesión previa a la política. Haciendo una lectura simplista (y sin entrar en más detalles como tenencia de máster o dominio de lenguas extranjeras), parece que el currículo medio de los políticos de primera línea no les otorga la preparación que se espera de su puesto. Tras un vistazo previo, la cosa no parece mejorar para políticos locales o regionales. No se si sería necesario o no establecer una formación mínima para ejercer puestos de una alta relevancia como ministros o presidentes, pero al menos si sería deseable (sobre todo teniendo en cuenta los requisitos de la mayoría de puestos de empleo actuales). Lo que sí parece obvio es el alto grado de profesionalización de la política actual, donde el medio se convierte en el fin y el idealismo pierde fuerza en beneficio económico personal. Muy complicado lo tienen los políticos para mejorar su imagen cuando ejercen la política como un mero empleo sin cualificación necesaria (aunque los contactos ayuden mucho), alta remuneración y una muy baja productividad, esa palabra tan de moda. Resulta además paradójico que coincidan en el tiempo la casta política actual con una generación de españoles al borde de la sobrecualificación, pero seguramente haya algunos beneficiados en tener la clase política que tenemos. Este es el listado de políticos generado (fuente: wikipedia, elaboración: propia). Mariano Rajoy (presidente del gobierno, PP)- Estudios: licenciado en derecho.
- Profesión anterior: registrador de la propiedad
- Paso por las juventudes del partido: NO
Soraya Sáenz de Santamaría (vicepresidenta del gobierno, PP)- Estudios: licenciada en derecho.
- Profesión anterior: abogada del estado y profesora de derecho administrativo (Carlos III)
- Paso por las juventudes del partido: NO
Maria dolores de Cospedal (secretaria general del partido, PP) - Estudios: licenciada en derecho.
- Profesión anterior: abogada del estado
- Paso por las juventudes del partido: NO
José Luís Rodríguez Zapatero (ex-presidente del gobierno, PSOE) - Estudios: licenciado en derecho.
- Profesión anterior: profesor ayudante de derecho (Universidad de León)
- Paso por las juventudes del partido: SI
José Blanco (ex-ministro y vicepresidente del partido, PSOE) - Estudios: bachillerato.
- Profesión anterior: ----
- Paso por las juventudes del partido: SI
Alfredo Pérez Rubalcaba (ex-ministro y secretario general del partido, PSOE)- Estudios: doctor en ciencias químicas.
- Profesión anterior: Profesor Universitario (Complutense)
- Paso por las juventudes del partido: NO
Cayo Lara Mora (coordinador general del partido, IU)- Estudios: inferior a universitarios
- Profesión anterior: agricultor
- Paso por las juventudes del partido: NO
Rosa Díez (ex-eurodiputada (PSOE) y portavoz y fundadora del partido, UPyD)- Estudios: administrativo
- Profesión anterior: funcionaria de la administración
- Paso por las juventudes del partido: NO
Si hay una familia culpable de la crisis de deuda actual, esa podría ser los García, aquella familia de de plastilina utilizada como campaña para la introducción de la moneda única. Aquella "entrañable" familia se utilizó para ayudar a los españoles a utilizar correctamente la moneda única, pero en cambio, no explicaron las verdaderas consecuencias que tendría la pérdida de soberanía monetaria. Para poder evaluar la parte de culpa del euro en la crisis actual, debemos estudiar qué ha cambiado desde que España, junto a otros países europeos, abandonaron sus monedas y adoptaron el euro como moneda oficial. Uno de los principales cambios es el de la financiación, ya que antes de utilizar la moneda única España se financiaba a través de la deuda contraída con otros países, con los propios ciudadanos españoles y también con el banco de España. La entrada en el euro limita esta financiación a la deuda contraída con los ciudadanos y a los famosos mercados a través de subastas programadas, eliminando la compra directa de deuda soberana por parte del actual heredero del Banco de España: el Banco Central Europeo (BCE). Este punto es crucial, ya que no disponer de una posible financiación a través del mecanismo emisor de moneda (el que imprime los billetes: BCE) supone varios puntos: - Aparecen intermediarios privados en la financiación de los países que adoptan el euro: los mercados. Los beneficios que ganan estos intermediarios repercuten directamente sobre el coste de la financiación de los países. Como ejemplo, los mercados compran deuda soberana por un porcentaje muy superior (sobre un 5% actual en el caso de bonos españoles a 10 años) al porcentaje al que el BCE les presta a ellos dinero (1.0 - 1.25 %).
- Aparece la posibilidad de no encontrar financiación posible a través de una mayor emisión de moneda. Esto es lo que ha llevado a Grecia a no poder financiarse, ya que no existe un Banco de Grecia capaz de comprar deuda griega mediante emisión de dracmas.
El segundo cambio que quiero destacar es el del control sobre la política monetaria, cuya importancia afecta a todos los aspectos de la sociedad: un euro fuerte respecto al dolar favorece la importación de productos externos (de los que dependemos actualmente) como gas o petroleo (también productos chinos), pero también limita la capacidad de exportar los productos fabricados en España. Son muchos los factores que determinan la fortaleza de una moneda, pero uno de las más importantes es la cantidad de billetes emitidos en función de la riqueza que representan. Una mayor emisión de moneda (sin aumentar la riqueza) provoca su caída en las tasas de cambio, lo que da lugar en ocasiones a auténticas guerras de divisa entre estados. Una de las razones por las que China ha comprado de forma masiva deuda americana es evitar que sea la reserva americana (equivalente al BCE americano) la encargada de esta compra, a través de una mayor impresión de dolares. Esta mayor emisión de dolares afectaría al cambio Dolar-Yuan y encarecería las exportaciones chinas, que es lo que precisamente el gobierno chino pretende evitar. El uso del Euro limita por tanto el abanico de posibilidades de España, ya que en la actualidad España no tiene el poder de influir para favorecer una posible depreciación del Euro (que afectaría al resto de países). Cabe pensar que las consecuencias de volver a la peseta serían gravísimas a corto plazo: devaluación sin fin de la nueva peseta que posiblemente desembocaría seguramente en hiperinflación con un aumento descontrolado del precio de los alimentos sobre los sueldos. Se encarecería enormemente el petróleo y el coste energético (dependiente del petróleo cuyo peso se establece en dolares) y sería casi impensable hacer turismo, coger un avión o simplemente comprar productos fabricados en Alemania. Puede que entonces se destinasen más medios a la promoción de energía limpias, limitando la dependencia actual de gas y petróleo (importados). También puede que la producción española sufriese un importante cambio, ya que el encarecimiento de ropa, calzado, electrodomésticos o coches producidos en otros países animaría la apertura de industria española capaz de atender esta demanda. También sería justo señalar (como bien señala Juan Carlos Barba de Colectivo Burbuja) que a pesar de contar con un banco emisor de moneda propio, la política monetaria seguiría viéndose afectada por los mercados a través de los ataques bajistas como el que realizó George Soros contra la libra esterlina el 1992 en el llamado "miércoles negro". Habrá gente que vea más ventajas que inconvenientes (y viceversa), pero parece claro que la capacidad de elegir, aunque sea la forma de derrota deseada, es algo deseable para cualquier estado soberano.
Si hay un tema que levante debate hoy día ese es la defensa de los servicios públicos o la crítica a los mismos. Este tema ha generado una guerra de cifras y acusaciones palpable en cualquier periódico cada mañana. Mi opinión al respecto es la siguiente: todo el mundo tiene el derecho a recibir unos servicios públicos, gratuitos y de calidad en materias como educación, sanidad, justicia y seguridad, pero también tiene el deber de hacer un uso responsable de los mismos. A continuación enumero algunos matices que merece la pena destacar. En primer lugar, la deformación política de España hace que no todos los servicios públicos lo sean. Hay servicios públicos que desgraciadamente están al servicio del gobierno (regional, local o nacional) de turno, por lo que se han convertido en otra herramienta política más. Esta herramienta se ha utilizado para colocar a miembros del partido y también para desviar la opinión pública. El primer ejemplo lo tenemos en las anteriores cúpulas directivas de cualquier caja de ahorros o en los directores de centros (residencias, institutos regionales, centros de atención ...). El uso de los servicios públicos como herramienta de adoctrinamiento lo tendríamos en las lamentables leyes educativas con las que nos sorprende cada nuevo gobierno, especialmente en las regiones con aspiraciones nacionalistas. Otro claro ejemplo lo tenemos en las televisiones regionales. En segundo lugar, hay que aceptar que los servicios públicos se han visto en los últimos años como una atractiva salida laboral por ofrecer una seguridad (hasta ahora) que no se encuentra en el sector privado. Han sido muchas las administraciones que han ofertados empleos públicos cuyo principal objetivo era ofrecer un puesto de empleo (en lugar de prestar un servicio a la comunidad), tal y como demuestran los últimos datos mostrados en el INE. Estos datos, junto a la envidia endémica de este país y la contaminación informativa, ha contribuido enormemente a empeorar la imagen de los trabajadores públicos de este país. Y es que el despido (o no renovación) de trabajadores públicos tiene un impacto negativo en los trabajadores que se quedan en la calle, pero aun peor es el impacto sobre una sociedad que deja de contar con los servicios que ofrecía el trabajador. No quiero decir con ello que los trabajadores no deban quejarse o manifestarse ante eventuales despidos, sino que las protestas deberían ir encabezadas por el colectivo de ciudadanos que también sufren el despido. Llevando el caso a la educación, más importante que el profesor que pierde injustamente su puesto de trabajo, es la cantidad de los niños abocados a una peor educación. Lo mismo lo tendríamos en sanidad o justicia. El tercer matiz sobre el que quiero hablar es el de los aspectos económicos de la sanidad, por ser el servicio con mayor gasto (o inversión) y por ser un actual foco de propuestas (co-pago, receta electrónica o gestión público privada). Hasta la fecha y con datos oficiales, no se puede demostrar que la sanidad privada sea más barata que la pública. A partir de los datos de Health Data 2008 elaborados por la OCDE, España dedicaba en 2006 un 8.4% del PIB para ofrecer una de las mejores sanidades en cuanto a cobertura y servicios. De este 8.4%, tenemos un 6% correspondiente al gasto público y un 2.4% al privado. El porcentaje del PIB destinado a sanidad en otros países con mayor presencia de sanidad privada (y sin cobertura universal en algunos casos) se eleva a un 8.9% en Italia, 9.1% en Grecia, 10.2% en Portugal, 10.5% en Alemania, 11.2% en Francia y 15.3% en Estados Unidos.
La reforma laboral del Partido Popular nos permite conocer cuales son las ideas del gobierno para intentar, al menos, salir de la crisis. Esta reforma se aplicará por decreto ley sin acuerdo con los agentes sociales, y yo al menos, me alegro. Debe el gobierno realizar la reforma en la que ellos crean, sin sucedáneos. De esta forma, solo el tiempo dirá si la receta es acertada o no, sin posibilidad alguna de echar la culpa a unos sindicatos que obligaron a descafeinar su propuesta. Una vez dicho esto, quiero añadir que yo creo que la mayoría de los problemas de España no está relacionados con falta de legislación, si no por la falta de cumplimiento de la legislación existente. El mercado laboral no es una excepción. Asimismo, tampoco creo que esta reforma ataje el problema de raíz que es la falta de liquidez, tanto para el pequeño emprendedor como para el cliente final que hace a la empresa funcionar. No creo que sean los 45 en lugar de 33 días por despido lo que impidiesen la contratación, sino la nula necesidad de contratar por caída de ventas. Un buen ejemplo de estos factores lo tenemos en el sector del turismo que depende de clientes extranjeros. Las facilidades para el despido dadas a empresas con pérdidas se aplicarán de forma indiscriminada. Digo esto con toda seguridad, ya que la contabilidad de las empresas cuenta con mayor flexibilidad incluso que el nuevo mercado laboral. Solo así se puede explicar que en España los asalariados declaren más ingresos que los pequeños empresarios y profesionales. Esta facilidad de despido eliminará la "responsabilidad" del empresario con sus trabajadores, reduciendo cualquier empresa a un mero fondo de inversión, eliminando el factor humano y personal. Con todo ello, la reforma laboral contará con un mayor respaldo social del esperado, dada la dramática situación actual: un INEM que sólo coloca al 3% de las personas apuntadas, un paro endémico de un 8-10%, gran cantidad de trabajos en negro realizados por parados, uso del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) para pagar los despidos en la mayoría de casos, horas extra no computadas, salarios cobrados en sobres en A y B ...
_España seguirá sin mejorar mientras ...
la educación política sea inferior a los conocimientos sobre crónica social.
importe más el autor (y su afiliación política) de cualquier artículo de opinión que su contenido.
tenga hooligans en política y filósofos en el fútbol.
las ruedas de prensa se realicen sin preguntas.
las medidas sociales no vayan acompañadas de una mejora en el sentido de comunidad.
las medidas liberales se tomen asumiendo el paracaídas del estado.
los medios se definan por su apoyo a una formación y no por su ideología
se siga haciendo política incluso tras acceder al gobierno.
prime el ansia de poder al idealismo en política.
el estigma de nuestra historia reciente siga marcando la sociedad.
existan derechos que no se puedan extrapolar al conjunto de la población.
sea un país de izquierdas o derechas, sin fisuras posibles.
hastíe lo actual pero lo nuevo de miedo.
socialice pérdidas y capitalice ganancias.
la política territorial se resuma en un qué hay de lo mío.
la inversión en educación, investigación y sanidad se considere gasto.
la opinión sobre la corrupción y los actos propios sigan caminos distintos.
no exista responsabilidad alguna ... la culpa siempre es de otros.
la justicia esté politizada.
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